Unicef: siete de cada diez niños son pobres y las partidas presupuestarias que aún no fueron ejecutadas para combatir la pobreza

El informe se llama “Situación de niñez y adolescencia: 2023-2024. Pobreza, presupuesto y suficiencia del sistema de protección de ingresos”. Lo firma Unicef. Las últimas palabras de su trabajo machacan sobre una idea medular, orgánica. Están después de sus conclusiones y propuestas, como moraleja. Dicen, con la preponderancia que dan las mayúsculas, que los niños y las niñas son quienes más sufren la crisis económica, y que garantizar las políticas y recursos necesarios para erradicar la pobreza en la niñez debe ser la máxima prioridad. Lo dicen mientras priman, en el gobierno y en la opinión pública, otras consignas: déficit cero, ajuste fiscal, inflación, narcotráfico, Rosario.

Mientras la atención y la tensión está abocada a otros menesteres de presunta preponderancia, Unicef interrumpe en la agenda con una advertencia: cada vez hay más chicos y más chicas que viven bajo la línea de pobreza y en el piso de la pobreza extrema. Y agrega: nadie está haciendo nada para mitigarlo. Pero primero las clasificaciones y los números. Para que una niña o un niño sea monetariamente pobre debe residir en un hogar cuyos ingresos no alcanzan para comprar una canasta básica de bienes y servicios. Ya son más de siete millones de argentinos menores los que cubren estos requisitos: el 57,5% según estimaciones del Indec del segundo semestre de 2023 o seis de cada diez. Si los ingresos familiares no son suficientes para cubrir el valor de una canasta básica alimentaria, quienes allí viven se encuentran en situación de pobreza extrema o indigencia: ahí son dos millones, el 19,4% de la población infantil o dos de cada diez. En 2023, 630 mil niños y niñas se incorporaron a los hogares indigentes.

Pero, a su vez, esa tasa de pobreza esconde fuertes disparidades y discrepancias. No todos los pobres son igual de pobres. La vulnerabilidad trepa según las condiciones de vida. El informe de Unicef identifica que quienes viven en un hogar donde el clima educativo es muy bajo -por ejemplo, cuando la sumatoria de años de educación per cápita en ese hogar es menor a siete años- los niveles de pobreza suben al 83 por ciento; cuando la ubicación de la vivienda queda en un barrio popular, las tasas tienden a crecer significativamente para estar en torno al 84 por ciento; cuando la jefatura del hogar es tipo monomarental, el índice sube al 67,9 por ciento; cuando el asalariado es no formal, la tasa de pobreza escala al 75 por ciento.

Porque -dice Sebastián Waisgrais, economista y especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef- con el trabajo no alcanza para no ser pobre: ni siquiera el empleo formal combate de manera eficaz la pobreza. El informe aborda, a su vez, la pobreza multidimensional en las infancias argentinas. “Medimos también la pobreza vinculada a derechos, es decir, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda adecuada, derechos básicos que son universales”. Son 5,4 millones de niños y niñas -el 42,6 por ciento de la tasa total- que tienen al menos privado un derecho y son casi dos millones -el 16,7%- que tienen al menos una privación severa. La tendencia, desde 2016, es decreciente. Esa es una buena noticia: son cada vez menos los niños y niñas con privaciones no monetarias. “El interrogante es si este descenso vinculado a acciones públicas, a políticas de agua, saneamiento, vivienda, no debería tener una velocidad de reducción mucho mayor”, pregunta Waisgrais.

Unicef fusiona ambos escenarios, la pobreza monetaria y las privaciones de derechos, para determinar la dimensión de la pobreza multidimensional. Concluye que siete de cada diez niñas y niños -en cifras: 8,6 millones- experimentan carencias ya sea monetarias o privaciones en el ejercicio de algunos de los derechos. El 31% marca el contraste más cabal: ese porcentaje corresponde a los que no son pobres ni tienen derechos cercenados y también, en la otra esquina del gráfico, comprende a quienes experimentan privaciones en ambas dimensiones en simultáneo -3,8 millones de chicas y chicos bajo la línea de pobreza y con derechos vulnerados-. ¿Por qué son pobres? Unicef estima: “El aumento de los precios y el estancamiento económico desde hace más de una década inciden en los aumentos del valor de las canastas y de la caída real del poder adquisitivo de la población”. La consideración da paso al segundo punto del informe: el estudio del presupuesto destinado a las infancias. “Constituye una herramienta central para aportar elementos desde la política fiscal que fortalezcan la sostenibilidad y el uso adecuado de los recursos públicos en su vínculo estrecho con el cumplimiento de los derechos”, reza la investigación.

En un análisis transversal del presupuesto de niñez 2024, se muestra una caída del crédito vigente en partidas centrales en relación al 75% en términos reales, según estos tres nuevos informes de Unicef presentados hoy y basados en cifras oficiales que abordan la pobreza monetaria y las privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños, el presupuesto destinado a la infancia; y la suficiencia de las políticas de protección de ingresos. “Esto implica -define Waisgrais- restricciones vinculadas a políticas sensibles para la niñez y la adolescencia, como asignaciones familiares, políticas alimentarias, apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia, actividades de la SENNAF, construcción de servicios de desarrollo infantil, fortalecimiento de jardines infantiles, infraestructura, equipamiento educativo, etcétera”. El informe advierte que de no ampliarse las partidas presupuestarias, existe un riesgo de disminución en la cobertura y calidad de prestaciones clave para la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país.

“La implementación de políticas nacionales claves para la infancia presenta signos de alerta en lo que va de 2024″, afirman. El informe establece hasta el 7 de febrero, las partidas a los comedores escolares, al apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia, al apoyo para Construcción de CDI, a la gestión educativa y políticas socioeducativas, al fortalecimiento edilicio de jardines infantes, al programa Conectar Igualdad, a la transferencias al Hospital Garrahan y a las acciones de Nutrición y del Programa Mil Días tenían nulos o casi nulos niveles de ejecución. Consultas actualizadas en la segunda semana de marzo marcan que algunos de esos envíos, como los comedores escolares por ejemplo, aún no se habían realizado.

Unicef averiguó que al 7 de febrero -fecha de corte del estudio- se habían ejecutado el 22% de los planes de la Asignación Universal por Hijo –AUH- y la Prestación Alimentar y en un chequeo de esta semana, descubrieron que se había cubierto el 46% del monto previsto en el presupuesto actual, prorrogado de 2023. “Quiere decir que solo en dos meses, por la limitación vinculada al crédito vigente, estas partidas están implementando casi el 50% del presupuesto. Obviamente es un llamado a la ampliación de las partidas para poder garantizar la cobertura y la suficiencia de las prestaciones”, entiende Sebastián Waisgrais.

El estudio estima que las políticas de protección de ingresos resultan centrales para mitigar los niveles de pobreza: sin estos programas alrededor de 270 mil niñas y niños más vivirían en la pobreza y más de un millón pasarían a ser indigentes. “Sin los ingresos por transferencias la tasa de pobreza extrema sería nueve puntos más elevada y la pobreza total dos puntos”, describe el informe.

A su vez, elaboraron una microsimulación basada en supuestos sobre evolución de salarios e ingresos no laborales. Resulta una previsión, que califican como robusta, a corto plazo sobre presunciones alineadas a los valores actuales. La proyección no es auspiciosa. “De mantenerse estas tendencias, la prevalencia de la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia para el primer trimestre de 2024 alcanzaría valores en torno al 70%, mientras que la indigencia llegaría al 34%, con repercusiones en el bienestar actual y de largo plazo”, sostiene Sebastián Waisgrais. “En un contexto de vulnerabilidad social y elevados niveles de pobreza infantil, es importante sostener las partidas presupuestarias destinadas a las políticas de protección de ingresos a los hogares. Si bien hubo señales positivas en este sentido, es clave maximizar los esfuerzos para mejorar la cobertura y suficiencia de las prestaciones”, subraya.

Trazan tres conclusiones. La primera atiende a una cuestión de fondo: la pobreza infantil estructural en Argentina. En los últimos cuarenta años no se perforó el piso del 30% de la pobreza monetaria en la niñez. La segunda se centra en los estándares del año pasado y destacaba el marcado aumento de la indigencia, con un alcance estimado en el segundo semestre del 19,4% de los chicas y chicos. La tercera aborda al impacto de una política pública: las transferencias monetarias mitigan pero no logran rescatar de la pobreza a la familia beneficiada.

Además de la investigación de campo, de las proyecciones y de las inferencias, el informe se anima a proponer ideas para erradicar la pobreza en las infancias. Las aspiraciones son altas y necesarias. Hablan de lo básico: el crecimiento económico sostenido. Hablan de las prioridades: disponer del presupuesto nacional dirigido a la niñez y ampliar las partidas presupuestarias de las políticas de protección de ingresos a los hogares. Hablan de tres premisas para mantener la capacidad de protección: “revisar los mecanismos de actualización para integrar la variación de precios y que evite prolongados rezagos temporales; eliminar la retención del 20% mensual de la AUH establecida por la certificación de las condicionalidades; ampliar la cobertura de la Prestación Alimentar para incluir a adolescentes de 15 a 17 años y unificarla con la AUH para tender a la universalización”.

El informe fue entregado en todas las oficinas del gobierno nacional, en cada ministerio, secretaría y presidencia. Ya tuvieron reuniones con autoridades en las que presentaron piezas de este trabajo. Tienen previstas más audiencias: el viernes están citados en el Ministerio de Economía. Algunas de sus propuestas fueron aplicadas por otros gobiernos (por caso: en 2021, la tarjeta alimentaria destinada a niños de nueve años cambió su límite y trepó hasta los catorce). Al menos saben que sus ideas son escuchadas. “La esperanza es que siga siendo así, porque realmente nosotros creemos que estamos haciendo un trabajo muy serio de mantener una mirada sobre la niñez con todos los instrumentos que tenemos. Queremos, sin importar las dinámicas que se den, que esos datos sean de utilidad para quien toma decisiones. Nuestra misión es apoyar a los Estados independientemente del color político para que logren mejorar la situación de la niñez, defender sus derechos”, confía Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina.